$6 mil millones en convenios: denuncian explosivo aumento de asignaciones del Gobierno a ONG Trekan
La diputada Paula Labra solicitó a Contraloría fiscalizar a la ONG Trekan, que desde marzo de 2022 se ha adjudicado más de $6 mil millones en convenios estatales, cifra que representa más del 80% de los recursos que la organización ha recibido desde su fundación. La parlamentaria advierte que podría configurarse un nuevo Caso Convenios, mientras la ONG defiende la legalidad y transparencia de sus adjudicaciones.
La diputada Paula Labra (independiente cercana a Renovación Nacional) pidió a la Contraloría General de la República investigar a la ONG Trekan, que desde marzo de 2022 se ha adjudicado más de $6.345 millones en convenios con el Estado, un crecimiento explosivo en comparación con los menos de $2 mil millones recibidos en los siete años previos.
De acuerdo a la parlamentaria, más del 80% de los recursos percibidos por la ONG se concentran en la actual administración. “Estamos frente a hechos que no son menores. Hay antecedentes confusos y prácticas relativas a procesos de adjudicación que, al menos, deben ser aclaradas. Por lo mismo hemos recurrido a Contraloría para que haga un control de legalidad. Es perfectamente posible que el caso de esta ONG se convierta en un nuevo Caso Convenios”, sostuvo Labra.
Trekan fue fundada en 2015 en Limache y trabaja en proyectos sociales que van desde la rehabilitación de adicciones hasta programas contra la violencia hacia las mujeres. Según registros, en 2020 y 2021 sus convenios alcanzaron $507 millones y $394 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2022, 2023 y 2024 las cifras subieron a $874 millones, $1.582 millones y $1.965 millones.
El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) es su principal socio, aportando $2.200 millones en esta administración, mientras que la Subsecretaría de la Niñez ha entregado $998 millones y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO) otros $689 millones.
El caso más cuestionado ocurrió en Punta Arenas, donde en 2022 se declaró desierta una licitación para el “Plan Habitabilidad” al no cumplir ningún postulante los requisitos mínimos. Aun así, el programa terminó siendo adjudicado a Trekan mediante un trato directo, lo que generó suspicacias en la denuncia de Labra.
Desde la ONG rechazaron cualquier vínculo político y defendieron la legalidad de sus contratos. “El incremento es perfectamente explicable y no hay ninguna conexión política que nos favorezca”, señalaron. También enfatizaron que los recursos no generan ganancias para la institución: “La ONG no recibe pagos por la administración de los programas y todos los excedentes son reintegrados de acuerdo a los procedimientos establecidos por Contraloría”.
Respecto al caso de Punta Arenas, afirmaron que la decisión fue potestad de la seremía correspondiente, y que tanto la Gobernación como el municipio fueron invitados a ejecutar el programa pero rechazaron hacerlo, lo que derivó en que la ONG fuese evaluada como idónea.
Finalmente, Trekan descartó vínculos familiares como factor de adjudicación, aclarando que Isaac Fuentealba nunca ha formado parte de la institución y que ninguno de sus directores tiene militancia política. “Esta institución ha sido parte de la ejecución de proyectos en diferentes administraciones de gobierno indistintamente de la corriente política de turno”, cerraron.
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