Torturas en Osorno: víctima entregó pruebas ignoradas por la Justicia en 2023
La víctima de torturas en el Hospital de Osorno envió pruebas en 2023 —incluyendo videos y chats—, pero no se abrió una nueva causa. Hoy se cuestiona la actuación del Ministerio Público y el rol de los tribunales.
El caso de las torturas sufridas por un exfuncionario del Hospital Base de Osorno sigue revelando antecedentes que apuntan a graves falencias en la investigación judicial. Según información publicada por El Mostrador, en 2023 la víctima envió videos y capturas de chats al Juzgado de Garantía, evidencias que mostraban agresiones y humillaciones sufridas a manos de sus compañeros de la Unidad de Desarrollo Informático. Sin embargo, no se abrió una nueva causa, pese a la gravedad del material.
Entre los registros se incluían un video de 10 segundos donde se observan golpes, además de capturas de un chat grupal (“Depto. TICS”) con stickers confeccionados con fotos humillantes de la víctima, donde también se evidencian hematomas y moretones. El exfuncionario señaló que ese material había sido borrado de su teléfono por un tercero y recién en 2023 logró recuperarlo.
Aun así, en marzo de ese año la Fiscalía optó por mantener el procedimiento simplificado en contra de uno de los agresores, Jairo Báez, quien fue beneficiado con una suspensión condicional. La medida incluyó la prohibición de acercarse a la víctima, pese a que esta ya no residía en Chile.
Los antecedentes médicos de la causa original también han sido cuestionados. El parte clínico privado consignó una fractura en la mano izquierda, lesión que penalistas consideran de carácter grave, pero que fue tratada por el Ministerio Público como “menos grave”. Esto redujo las posibilidades de una sanción mayor.
El abogado Gabriel Salinas, uno de los querellantes, subrayó que el caso “no corresponde a un delito común, sino a una situación regulada por tratados internacionales contra la tortura”, y criticó la falta de rigor de la Fiscalía en la investigación de 2021.
Actualmente, cuatro exfuncionarios del hospital están formalizados por delitos de tortura, mientras organismos como el INDH y el Consejo de Defensa del Estado se han hecho parte de las querellas. Desde el hospital, dirigentes de la salud reconocieron que “no se conoce aún toda la verdad” y pidieron disculpas públicas a la víctima y su familia.
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