El Gobierno informó en mayo al jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán, sobre los antecedentes del caso de Bernarda Vera, ciudadana chilena considerada detenida desaparecida, cuya familia había recibido señales de que podría estar viva. La entrega de información fue cautelosa, bajo estricta reserva y monitoreo del Plan Nacional de Búsqueda, generando meses después cuestionamientos tras la revelación de la situación por medios de comunicación.
Un informe de 50 páginas entregado en enero por el Ministerio de Justicia a Claudia Rey Vera, hija de Bernarda Vera, incluía antecedentes que apuntaban a que su madre podría estar con vida. Aunque la entrega de información a familiares es una práctica habitual del Plan Nacional de Búsqueda, esta vez la motivación era distinta: desde el Ejecutivo existían sospechas fundadas de que Bernarda estaba viva.
Según The Clinic, en el primer encuentro Rey Vera se negó a recibir la información. Meses después, funcionarios del Plan insistieron, pero ella volvió a rechazar la entrega. Recién en mayo, durante un tercer encuentro, accedió a recibir el informe, aunque aún con incredulidad. En esa cita se exploró también la posibilidad de realizar un examen de ADN en Argentina a la persona sospechosa de ser Bernarda para despejar dudas.
Hasta ese momento, el caso se manejó con sigilo dentro del Ministerio de Justicia. Nueve meses después, un reportaje de Chilevisión reveló parte de la información y ubicó supuestamente a Bernarda Vera con vida en Argentina, generando alarma en La Moneda.
Tras la publicación, la oposición cuestionó la efectividad del Plan Nacional de Búsqueda y la decisión del Gobierno de mantener el caso encapsulado. En ese contexto, el ministro de Justicia Carlos Gajardo y su antecesor, Luis Cordero, titular de Seguridad, defendieron públicamente la política de Estado.
El caso no quedó solo en Justicia. A fines de mayo, después de la segunda reunión con Rey Vera, los antecedentes llegaron a Presidencia: Carlos Durán, jefe de gabinete del Presidente Boric, fue informado sobre la situación. Desde Presidencia confirmaron que Durán recibió la información, aunque se decidió mantener el seguimiento del caso bajo el Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda.
El Gobierno asegura que el Presidente no fue informado directamente, buscando mantenerlo “al margen” de la trayectoria de la búsqueda.
El hoy ministro de Seguridad, Luis Cordero, implementó el Plan Nacional de Búsqueda en 2023. Defiende que la prioridad fue proteger a la hija de Bernarda Vera: “Esta idea de que el Estado lo mantenía en reserva para ocultarlo es absurda, porque lo que existe son oficios y comunicaciones oficiales. El espíritu del Plan es construir trayectorias respetando la situación de los familiares”.
Cordero explicó que el caso era delicado: la hija de Bernarda, entonces de cinco años, había crecido con sus abuelos, quienes entregaron antecedentes a la Comisión Rettig, que calificó a Bernarda como ejecutada política. Comunicar algo distinto, sin certeza, podía ser destructivo.
Respecto a críticas al Informe Rettig, Cordero fue tajante: “Hay que tener cuidado con ser juez en el tiempo. El Informe Rettig fue fundamental para Chile y todas las iniciativas posteriores, incluido el Plan Nacional de Búsqueda, se apoyan en él”.
Aunque admitió que casos similares podrían aparecer, enfatizó que serán excepcionales: “La construcción de trayectorias seguirá arrojando antecedentes, sobre todo de personas no calificadas que deberían haberlo estado. Pero situaciones como la de Bernarda Vera son muy poco frecuentes”.