Agencia UNO
Arica: Fiscalía no logra prisión preventiva en mega caso de corrupción
La jueza de Garantía de Arica rechazó la solicitud de prisión preventiva contra funcionarios y exfuncionarios implicados en un caso de corrupción en Bienes Nacionales, debido a falta de evidencia suficiente por parte de la Fiscalía.
La jueza de Garantía de Arica denegó la prisión preventiva solicitada contra funcionarios y exfuncionarios investigados por corrupción en Bienes Nacionales, argumentando falta de evidencia contundente por parte de la Fiscalía.
A pesar de la cobertura mediática del caso, que involucró declaraciones de los ministros del Interior y de Seguridad Pública, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota no logró demostrar la existencia de una asociación ilícita organizada entre los 8 de los 10 detenidos, cinco de ellos funcionarios públicos.
La magistrada Ana Sepúlveda acogió los argumentos de la Defensoría Penal Pública, liderada por Rodrigo Torres, determinando que no había pruebas claras de la participación de los funcionarios en los ilícitos imputados. Todos los detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares como firma mensual y prohibición de salida del país.
En su fallo, la jueza señaló que las acciones de los imputados parecían ser funciones administrativas propias de sus cargos, sin evidencia de asociación para delinquir. Además, cuestionó la falta de documentación que acreditara la condición de funcionarios públicos para ciertos delitos, como el cohecho.
La magistrada también destacó incongruencias en la presentación de la Fiscalía sobre los imputados y las acciones de los particulares involucrados, indicando que algunos de estos últimos también podrían ser responsables de soborno.
Rodrigo Torres, defensor público, valoró la decisión y señaló que la magistrada dejó claro que no había antecedentes suficientes para acreditar asociación ilícita, cohecho o violación de secreto.
La fiscal del caso, Paulina Brito, anunció que apelará la resolución y que se sumarán cinco nuevos imputados, incluyendo funcionarias de Bienes Nacionales, extrabajadores y particulares, quienes deberán enfrentar futuras formalizaciones.
Entre los nuevos imputados mencionados están Carolina Rodríguez Quezada y Claudia Órdenes Bravo, funcionarias de la Seremi; Josshua Rivera Tarque, exfuncionario y actual gestor de terrenos privados; Lisett Calle Alvarado, exfuncionaria de la Seremi; y Pablo Leiva Villalobos, abogado y jefe jurídico del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, vinculado a consultoras relacionadas con funcionarios investigados.
Notas relacionadas
Quizás te interese
