Arriendos de viviendas fiscales desde $25 mil: Contraloría indaga casos en Ejército y Bienes Nacionales
La Contraloría General de la República abrió una investigación por el arriendo de viviendas fiscales en el Ejército y el Ministerio de Bienes Nacionales, donde se detectaron prácticas irregulares con arriendos que parten en apenas $25 mil pesos mensuales.
La Contraloría General de la República confirmó que está realizando una investigación especial sobre el uso de viviendas fiscales en el Ejército y dos auditorías a inmuebles del Ministerio de Bienes Nacionales, luego de que una serie de reportajes revelara arriendos con valores muy por debajo del mercado, que en algunos casos parten en solo $25.896 y en promedio no superan los $50 mil pesos mensuales.
De acuerdo a lo informado por el ente fiscalizador en El Mercurio, además de las pesquisas, se está elaborando un instructivo para regular la asignación, conservación y devolución de este tipo de propiedades, usadas por funcionarios públicos.
La investigación surge tras los antecedentes publicados por El Mostrador, que destapó 21 inmuebles fiscales arrendados por funcionarios de Bienes Nacionales en distintas regiones, bajo el amparo del artículo 91 del estatuto administrativo, el cual permite a trabajadores ocupar una vivienda institucional cuando la naturaleza de sus labores requiera mantención o vigilancia permanente del recinto.
Aunque la norma establece que, en caso de no existir esa obligación, el funcionario debe pagar una renta equivalente al 10% de su sueldo, el medio reveló que en la práctica los pagos efectivos rondan el 2% del sueldo líquido, lo que deja los arriendos en montos que no superan los $50 mil e incluso comienzan en $25.896.
Entre los casos denunciados se incluye el de un empleado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) vinculado al Tren de Aragua, quien arrendaba una vivienda fiscal en el aeropuerto de El Loa, donde se encontraron armas, drogas y mujeres que ejercían comercio sexual.
Otro caso es el de un jefe provincial de Bienes Nacionales de Ovalle, que habitó una de estas propiedades por más de un año sin autorización administrativa.
La Contraloría continúa recopilando antecedentes para determinar responsabilidades administrativas y eventuales medidas de corrección en ambos organismos.
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