Agencia UNO
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representaba a la Presidencia, y confirmó la entrega de los correos intercambiados entre Miguel Crispi y Carlos Durán.
Estos mensajes están vinculados a las gestiones realizadas para reemplazar al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras la denuncia de violación en su contra.
La controversia surgió luego de que el diputado Tomás Lagomarsino (PR) solicitara, a través de la Ley de Transparencia, acceder a estos correos enviados entre el 14 y 18 de octubre de 2024. El objetivo era esclarecer si existieron gestiones en La Moneda para definir un nombre que ocupara la subsecretaría en medio del escándalo.
El CDE argumentó que entregar la información afectaría los derechos a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones, pero la Corte desestimó estos argumentos. El tribunal señaló que los correos son institucionales y enviados en el ejercicio de funciones públicas, por lo que constituyen información pública según la Constitución y la Ley de Transparencia. Solo deberán eliminarse los datos personales o sensibles que correspondan.
Con esta decisión, se refuerza la obligación del Ejecutivo de transparentar gestiones internas cuando éstas se vinculen directamente con funciones públicas, dejando claro que la privacidad de los funcionarios no ampara comunicaciones relacionadas con el desempeño de sus cargos.