Antonia Carrasco, de 21 años, había denunciado tres veces a su agresor y existía una orden de alejamiento vigente. Pese a las alertas, fue asesinada en Santiago, reabriendo el debate sobre la falta de protección real para las víctimas de violencia.
El brutal femicidio de Antonia Carrasco Pérez (21) ha vuelto a evidenciar las fallas del sistema para proteger a mujeres en riesgo. La joven fue asesinada por su pareja, Pablo Zúñiga Burgos, quien posteriormente se suicidó arrojándose desde un edificio en Santiago.
De acuerdo con los antecedentes policiales, Zúñiga atacó a Carrasco en su departamento pese a que mantenía una orden de alejamiento vigente desde febrero de este año. Esa medida cautelar se dictó tras una denuncia en la que se registró que el agresor la golpeó, intentó asfixiarla y la arrastró por el suelo.
La víctima había acudido tres veces a Carabineros para denunciar la violencia. En la última ocasión, incluso pidió la detención del agresor, pero los funcionarios solo la acompañaron a retirar ropa de su hogar y le otorgaron un resguardo policial de 30 días.
El caso reabre la discusión sobre la urgencia de fortalecer las leyes de protección a víctimas de violencia intrafamiliar, incluida la necesidad de medidas más efectivas de vigilancia y detención inmediata de agresores que incumplen órdenes de alejamiento. Organizaciones feministas y especialistas insisten en que las herramientas actuales son insuficientes para prevenir crímenes que, como este, pudieron evitarse.
Autoridades del Ministerio de la Mujer y parlamentarios han reiterado el llamado a acelerar reformas legales que permitan respuestas más rápidas y efectivas frente a las denuncias, evitando que las medidas de protección se queden en el papel mientras las víctimas continúan en riesgo.