La candidata oficialista Jeannette Jara levantó una señal de alerta frente al ajuste fiscal que prepara el Ministerio de Hacienda para el Presupuesto 2026, estimado en al menos US$ 2 mil millones.
“Chile necesita un presupuesto estratégico, que elimine privilegios injustificados y destine recursos donde más se requieren. Lo que no puede ocurrir es que se transforme en un ajuste a costa de la gente y sus derechos: salud, educación, seguridad y pensiones”, escribió en X la abanderada de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana.
El Ministerio de Hacienda confirmó que los gobiernos regionales sufrirán una reducción promedio de 1,9%, con 12 de las 16 regiones afectadas —Aysén lidera la caída con un -3,9%—, mientras la Metropolitana se encuentra entre las pocas que aumentarán sus recursos. También se contemplan recortes en algunos ministerios, aunque sin detalle aún.
Según Hacienda, el objetivo es priorizar urgencias sociales y fortalecer la eficiencia del gasto, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales, que propone medidas para ahorrar cerca de US$ 2 mil millones por año, equivalentes al 0,6% del PIB.
La oposición no tardó en reaccionar. La senadora Ximena Rincón (Demócratas) acusó un “sesgo político”, señalando que las regiones más golpeadas corresponden a zonas administradas por opositores a La Moneda.
Desde el oficialismo, parlamentarios del PC y PS calificaron la medida como un “retroceso”, aunque el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a la cautela: “Llama la atención que se critique el presupuesto cuando todavía no se ha presentado”.
El candidato republicano José Antonio Kast, en tanto, advirtió que el Ejecutivo “se va a terminar arrepintiendo” de la decisión, anticipando una dura batalla parlamentaria cuando el proyecto ingrese al Congreso el 30 de septiembre.
Jara mantuvo su ofensiva y cerró con un emplazamiento directo:
“La gente no puede pagar estos costos. Lo que esperamos es un presupuesto que mire al país completo, que fortalezca el desarrollo regional y no ponga en riesgo ni el bienestar de las familias ni la capacidad de gestión del próximo gobierno”.