La PDI, en conjunto con el FBI y el SII, desarticuló una organización criminal que operaba desde 2019 en La Araucanía y otras regiones. Hay 41 detenidos por estafas, fraudes y lavado de activos por más de $3.000 millones, además de bienes incautados como autos de lujo, terrenos y una avioneta.
La Policía de Investigaciones (PDI), en una operación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), logró un golpe histórico contra la criminalidad organizada en Chile con la llamada “Operación Imperio”, que culminó con 41 detenidos en la Región de La Araucanía y otros puntos del país.
De acuerdo con el Ministerio Público, la organización delictiva operaba desde al menos el 2019, extendiendo sus actividades a regiones como Los Ríos, Metropolitana y Valparaíso.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que el esquema delictivo vulneraba por completo el sistema financiero y legal:
Se bancarizaban personas que podían acceder a créditos.
Se falsificaban instrumentos públicos y privados.
Se creaban empresas con antecedentes falsos.
Se contrataban seguros fraudulentos para respaldar estas operaciones.
“Se vulneró el sistema completo con fines ilícitos”, afirmó Cerna.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, destacó la relevancia de este operativo: “41 personas detenidas serán imputadas por estafa, fraudes de seguro y lavado de activos. Además, se incautaron bienes por más de 3.000 millones de pesos”.
Durante la operación, se decomisaron:
Vehículos de alta gama (incluido un Tesla que circulaba en Temuco).
Camiones y una lancha.
Propiedades y terrenos.
Una avioneta vinculada a la red criminal.
Tras la primera jornada de audiencias:
19 detenidos quedaron con medidas cautelares como arresto domiciliario y arraigo nacional.
La Fiscalía pedirá prisión preventiva para los 22 restantes en la próxima audiencia.
El fiscal Enrique Vázquez detalló que los delitos imputados incluyen estafa reiterada, falsificación de instrumentos, usurpación de identidad, obtención fraudulenta de créditos bancarios y lavado de activos.
En tanto, la defensa de algunos imputados pidió revisar los antecedentes, asegurando que no toda la familia involucrada tiene responsabilidad en los hechos.
La investigación tendrá un plazo de ocho meses, en los que se buscará esclarecer el alcance total de esta red de estafas y lavado de dinero.