La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, aplicó la rebaja de salarios en la Atención Primaria de Salud pese a la suspensión ordenada por la Corte. Gremios acusan desacato y cuestionan la “coherencia de un gobierno de izquierda”.
El conflicto laboral en la Atención Primaria de Salud (APS) de Viña del Mar escaló luego de que la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) y la Corporación Municipal aplicaran rebajas salariales pese a que la Corte de Apelaciones de Valparaíso había ordenado suspender la medida.
El 26 y 29 de agosto, el tribunal acogió recursos de protección interpuestos por 440 funcionarios y dictó una Orden de No Innovar (ONI), con la cual se instruyó mantener la escala salarial vigente. Sin embargo, al cierre de agosto médicos y enfermeras recibieron sueldos entre un 2% y un 29% más bajos.
La abogada Carola González denunció formalmente el incumplimiento, señalando que la corporación “sigue desafiando a este ilustre tribunal”, por lo que pidió sanciones como multas, censura escrita o suspensión de funciones, además de la eventual responsabilidad penal por desacato.
El 9 de septiembre, la corporación informó que había pagado los sueldos conforme a la antigua escala, pero solo a un grupo de trabajadores y sin incluir el bono municipal pactado. Otros estudios jurídicos, como Del Villar Abogados, también denunciaron un incumplimiento “inexcusable” de las resoluciones.
Desde la corporación, en tanto, aseguraron que “se ha dado estricto cumplimiento a todas las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia” y que no existe notificación formal que los obligue a actuar distinto.
Las críticas no tardaron en llegar desde organizaciones de trabajadores. Daniela Rojas, presidenta de la Asociación de Funcionarios APS Viña del Mar, afirmó que la crisis financiera “no la pueden pagar los trabajadores” y cuestionó la falta de diálogo con la alcaldesa.
“Uno no entiende que un Gobierno que se dice de izquierda termine actuando así, sin querer hablar con los trabajadores”, sostuvo.
La CUT Viña del Mar emitió un comunicado en el que señaló que “estas medidas ponen en entredicho la condición de izquierda que dicen argumentar” y acusan un “desapego a principios concretos” que golpea a los mismos aliados que respaldaron a Ripamonti y al diputado Jorge Brito en sus campañas.
A la controversia por los sueldos se sumó la denuncia de la Confusam, que informó la desvinculación o no renovación de contrato de cerca de un centenar de profesionales de la APS. Según explicó su tesorero regional, Nicolás Reinoso, se trata de “ajustes financieros” derivados de la obligación de cumplir con el fallo judicial.