Diego Martin / Agencia Uno
A más de un mes de su presentación, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) admitió a trámite la solicitud de consejeros regionales de oposición que busca destituir al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, por presunto “notable abandono de deberes” y faltas al principio de probidad administrativa.
La acción fue ingresada el pasado 25 de julio tras un informe de Contraloría que detectó irregularidades en gastos del Gobierno Regional Metropolitano, algunos de los cuales —según el organismo— habrían sido utilizados para la campaña de reelección de Orrego.
Entre los gastos objetados figuran:
$31 millones en actividades de coaching ontológico vinculadas a contextos políticos.
$51 millones en compras por trato directo sin documentación de respaldo.
$46 millones en servicios de consultoría sin evidencia de ejecución.
$109 millones en un contrato con otra consultora cuya idoneidad no fue acreditada.
Todos estos antecedentes están siendo investigados por la Fiscalía Oriente, que ya tomó declaración al gobernador y requisó computadores desde la sede regional.
La defensa de Orrego, encabezada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, intentó frenar la ofensiva argumentando errores formales en la presentación opositora. Sin embargo, el Tricel acogió las ratificaciones y dio curso al recurso, con un voto disidente del ministro Gabriel Ascensio, ex DC.
A la par, Orrego enfrenta otro frente judicial. La Fiscalía de Antofagasta solicitó su desafuero en el marco del caso ProCultura, donde se indagan convenios por más de $1.690 millones firmados con la fundación ligada al psiquiatra Alberto Larraín.
La Corte de Apelaciones revisará la solicitud el próximo 6 de octubre, en lo que podría transformarse en el mayor desafío judicial de la carrera política del exalcalde de Peñalolén.